Regularmente elaboramos un presupuesto en nuestros hogares, para tener una idea de lo que tenemos en ingresos (salarios, prestamos que adquirimos para alguna inversión etc.). Basándonos en ello hacemos una proyección de gastos o egresos, tratando de ajustarnos a lo estimado, con ello invertimos en educación, salud, vivienda, recreación y en gastos administrativos como pago de agua, luz, teléfono, intereses de algún préstamo, salario de alguien que tengamos empleado e imprevistos.

Si un ciudadano y su familia elabora un presupuesto, no es para menos que el Estado debe estructurar un presupuesto anual de ingresos y egresos de la nación que resuma la forma como se concretizarán los planes para el desarrollo económico social para todo el país, basándose para ello en una planificación previamente establecida y aprobada.

El Presupuesto Nacional se regula por los siguientes instrumentos legales:

1. La Constitución Política de la Republica; y se desarrolla con
2. La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; y su Reglamento que se concretiza con
3. La Ley Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, esta última tiene vigencia solo de un año, como su nombre lo indica.

En la Constitución Política de la República se define que debe contener el Presupuesto de la siguiente forma:

Como se puede apreciar de la lectura de este artículo, existe temporalidad para aprobación presupuestal, la obligatoriedad de la unidad del presupuesto, no debe haber gastos confidenciales no comprobables y la publicidad que es de suma importancia para el acceso a la información de la población.

En la Ley Orgánica del Presupuesto se regula todo lo relacionado al sistema presupuestario, programación, organización, coordinación, ejecución, control de ingresos y uso de los mismos, para ello se respalda en los principios de: economía, legalidad, eficiencia, eficacia[2].

En el Reglamento de la Ley Orgánica se especifica cuáles son las unidades encargadas de la administración financiera, así como las funciones procedimientos y fechas de cada paso hasta concretizar la Propuesta de Presupuesto a entregar al organismo legislativo.

En esta ley se define así el presupuesto:

En la ley anual del Presupuesto general se define a detalle cual será el presupuesto para un año es decir se especifica, cuanto se estima que ingresará entre ingresos tributarios (impuestos) ingresos no tributarios, prestamos, donaciones entre otros y cuanto egresará con detalle para cada institución del Estado: ministerios, fondos y secretarias, entidades autónomas, descentralizadas, municipalidades. Esto basándose en planes previamente aprobados, que contienen los programas que se pretenden beneficiar. Aquí también se contemplan los gastos de funcionamiento (pago de personal) y los gastos administrativos (alquileres, luz, teléfono, agua, compra de bienes etc.).

[1] Constitución Política de la República.

[2] Decreto número 107-97. Ley orgánica del presupuesto. Artículo 1º

[3] Ídem. Artículo 8º.

Aunque de alguna manera ya se han tocado parte de estos temas líneas arriba, aquí solo se refrenda cada uno de estos mismos.

2.1. Qué son ingresos

Son las estimaciones de todo lo que ingresará por concepto de percepciones tributarias y no tributarias, préstamos, donaciones y los recursos que no se utilizaron el año anterior. Es entonces todo lo que entrará a las arcas del Estado. Quien estima cuánto ingresará en temas de carga impositiva es la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Finanzas Públicas, es la entidad encargada de calcular todo lo relacionado con préstamos (externos) y donaciones.

2.2. Qué son egresos

Como su nombre lo dice, es todo lo que saldrá de las arcas del Estado y ahí está contenido lo que se estima, se gastará en un año e invertirá para darle cumplimiento a los planes de desarrollo económico social. Los egresos deben ir en congruencia con lo que ingresa.

2.3. Qué es gasto de funcionamiento

Como su nombre lo expresa son los gastos que hacen funcionar la maquinaria del Estado, aquí se verán reflejados todos los salarios para personal permanente, temporal o por contrato y sus prestaciones, bonos aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones entre otros, algunos considerarán que este es gasto en recurso humano y debiera verse como inversión, Sin embargo por ausencia de una verdadera Ley de Servicio Civil, se especula que, existen casos de empleados del Estado que se han constituido en intercambio por favores en campaña electoral o el personal no existe o no llega a sus labores, a tal extremo que solo en el año 2019 se dieron incrementos sobre lo ya existente de Q 608 millones más en el renglón 011, Q786 millones en el renglón 015, Q490 millones en el renglón 017 y Q 349 millones en el renglón 029[1] se habla aquí de más personal. En este rubro también se encuentran los gastos de administración (agua, luz, teléfono, alquileres adquisiciones etc.).

2.4. Qué es gasto de inversión

Este tipo de gasto va dirigido a mejorar la calidad de vida del ciudadano.  Aquí se incluyen, por ejemplo: medicamentos, alimentos, textos escolares, inversión física (escuelas, hospitales, carreteras, puentes entre otros).

En este rubro cada vez se invierte menos y cuando esto ocurre, es sobrevalorado o comprado a las empresas no aptas para ello o bien se entrega a través de determinados funcionarios que hacen creer a la población que es obra entregada por ellos y no del Estado.

En la gráfica que se presenta a continuación podemos apreciar cómo se ha conducido de gasto de funcionamiento frente al de inversión en los últimos 4 años y ya para 2019 se aprecia 64.8% funcionamiento y 19.8% inversión. (No se aprobó el presupuesto 2020).

[1] Fuente: SICOIN noviembre 2019

Tabla 1. Gasto del Estado periodo 2016-2018

Fuente: SICOIN a diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019

A continuación, se presentan los mismos datos del cuadro número 1 en forma gráfica para mayor comprensión.

Ecuación 1. Gasto del Estado periodo 2016-2018

Fuente: SICOIN a diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019

En esta gráfica podemos ver el acelerado crecimiento del gasto de funcionamiento y el casi nulo incremento al gasto de inversión que se asemeja a lo que se debe pagar por deuda pública adquirida. La poca inversión se ve reflejada en la condición precaria que vive un alto un porcentaje de la población.

Del buen desempeño del presupuesto depende, en buena medida el desarrollo económico y social del país, de esa cuenta, el Presupuesto Nacional es una herramienta que bien utilizada y mediante planes efectivos y realistas puede contribuir a superar grandes rezagos como la erradicación de la desnutrición infantil y el combate a la pobreza, dos de los grandes flagelos que no permiten el avance del país. En el informe anual (2019) presentado por el Procurador de Derechos Humanos se ve reflejada una realidad lacerante que desnuda al país y dice literalmente:

Con un panorama como el expuesto, se hace indispensable que la población conozca cuál es el presupuesto actual, en qué y cómo se invertirán estos recursos y con ello llevar el control social del gasto público.  Saber cómo se usan sus impuestos, es importante para la población, el desconocerlo, solo contribuye a seguir cometiendo los mismos errores y a que Guatemala siga siendo un país con poco desarrollo en general.

En este tema abordaremos a groso modo quiénes deciden el presupuesto y los plazos de cada una de las autoridades.  Esto para que se tenga una idea del recorrido que sigue desde su estructuración, hasta su aprobación.

Se basa en los siguientes principios

1. Anualidad: Rige por un año (un ejercicio fiscal);
2. Unidad: Esta en un solo cuerpo legal;
3. Equilibrio, y programación: debidamente estructurado y guardando congruencia entre lo que se tiene y lo que se gastará;
4. Publicidad: Debe ser público y accesible a cualquier ciudadano.

Estos pasos no siempre se cumplen, por ejemplo, de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto, se dice que SEGEPLAN[1] enviará al Congreso el último día hábil del mes de marzo, los resultados de la evaluación de los planes del año anterior, sin embargo, esto no ha ocurrido.

Por otro lado, hay que verificar que esos planes de cada 28 de febrero se hayan entregado al Ministerio de Finanzas Públicas y evaluado por parte de SEGEPLAN, porque siempre resulta que entidades que no han dado resultados en la práctica al final terminan teniendo más presupuesto, pese a haber dejado de ejecutar muchas veces, programas de inversión indispensables para el desarrollo de la comunidad. Veamos dos ejemplos de muchos casos: MIDES y el Ministerio de Gobernación.

Aquí se puede ver la baja ejecución en MIDES tanto global, como por programas. La transferencia para la prevención de la desnutrición crónica (37%) o la dotación en infraestructura para salud (2%) entre otros programas de la misma institución. Tiene dos grandes ramas: MIDES y FODES.

[1] Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Ilustración 1. Ejecución de tres programas dentro del MIDES.

Ilustración 2. Ejecución de tres programas dentro del MIDES.

En la propuesta de presupuesto presentada por el Organismo Ejecutivo para 2020, se planteaba un aumento de Q93 millones para MIDES y Q900 millones para FODES[1], si bien este presupuesto no se aprobó en el Organismo Legislativo, en otros años ha ocurrido lo mismo, siendo aprobado el presupuesto, sin que se vea que la evaluación del desempeño de los programas sea una realidad. Aquí la gráfica de MIDES 2020.

[1] Fondo de Desarrollo Social

Ilustración 3. Ejecución del presupuesto 2019 del MIDES y proyección para 2020

Fuente: SICOIN y Ministerio de Finanzas Públicas.

Ahora veamos el segundo caso: Ministerio de Gobernación (seguridad ciudadana) y cómo ejecutó el año 2019.  Se pueden ver algunos ejemplos en programas de importancia: infraestructura policial 0%, construcción de centros de detención 0%, reforma policial 0%, la imagen que da es que pudo haberse producido una desestructuración, especialmente de la Policía Nacional Civil y sus diferentes programas como podrán apreciar en la gráfica expuesta abajo.

Ilustración 4. Programas del Ministerio de Gobernación y presupuesto asignado.

Tabla 2. Ejecución del presupuesto 2019 del Ministerio de Gobernación y proyección para 2020

Vemos en esta gráfica que, pese a los bajos niveles de inversión, los aumentos son sustanciales y esta situación de no evaluar el desempeño ha sido todos los años, por lo que se podría pensar que hay pasos teóricos a seguir que en la práctica, que al no cumplirse, limitan el desarrollo en general.

Por otro lado, al llegar la Propuesta de Presupuesto, ésta se traslada a la Comisión de Finanzas Públicas, en donde no están representadas todas las bancadas y lo que está ocurriendo en dicha comisión, no es de conocimiento de todos los congresistas.  Muchas veces se conoce el contenido del dictamen y sus modificaciones, hasta el día de su lectura en la sesión plenaria, lo cual hace difícil la evaluación de los cambios.

De ahí surgen nuevas modificaciones, incluso enmiendas denominadas “de curul” que obviamente no estaban contempladas (dinero para ONGs que aún no están inscritas o ese mismo año se están inscribiendo, dinero para obra físicas sin especificar para qué obra concretamente). Esto hace evidente la necesidad de modificar la composición de esta importante Comisión del Congreso, pero más evidente la urgencia del control ciudadano. Porque vemos la superficie, pero no llegamos al fondo.

Otra acotación importante es que, en el proceso de estructuración presupuestaria existe un régimen especial para las entidades autónomas y descentralizadas que como se leerá es diferente en la entrega de sus proyectos de presupuesto y fechas.

En la Ley Orgánica del Presupuesto, de éste régimen especial se excluye a las municipalidades, la Universidad de San Carlos y la Escuela Nacional de Agricultura literalmente dice así:

Ya se habló sobre qué son egresos y se explicó qué es todo lo que se gasta o sale del presupuesto, para cumplir con las metas y planes que se propusieron.  Para ejecutar esos gastos, se debe verificar que existan recursos disponibles y en gran parte, esta tarea corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Ministerio de Finanzas Públicas.

Luego, por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto y con base en esa disponibilidad, el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Tesorería Nacional, se programan los desembolsos cada 4 meses, para que todas las instituciones cumplan con sus programas de inversión y funcionamiento con base en cuotas.  Con ello se asumen compromisos, es decir, se garantiza que habrá dinero para el pago del bien o servicio y al recibir éste, se devenga o ejecuta y quien provee el bien, exige su pago y hacer el pago salda la deuda.[1]Todo ello como ya se explicó en base a los planes anuales previamente aprobados que cada institución diseño ,basado en el Plan de Gobierno y normas y procedimientos contenidos en el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central (Acuerdo ministerial 214-2004). Respecto a este tema de los manuales existen otros que se mencionan a continuación:

• Manual de clasificación presupuestaria, para el sector público de Guatemala (Acuerdo ministerial 215-2004). Aquí está contenida la numeración, codificaciones, y clasificación de las operaciones presupuestarias que se dan en las diferentes etapas del proceso presupuestario;
• Manual de formulación presupuestaria, (Acuerdo ministerial 217-2004). Este contiene como su nombre lo indica, todas las fases ya analizadas para formular el presupuesto;
• Manual de modificaciones presupuestarias para la administración central. (Acuerdo ministerial 216-2004). Explica cómo se hacen las modificaciones al presupuesto. Este es un tema importante porque no siempre se puede concretizar algún programa, subprograma o compra.

Es como en un presupuesto familiar, en el cual se tiene contemplado algún dinero para un viaje, pero ocurre una prioridad en salud o ingresa más o menos de lo previsto y se deben hacer ajustes. Ingresa más por impuestos o menos, hay una donación. También se hacen modificaciones entre ministerios o en un mismo ministerio de un programa a otro;

• Manual de administración de fideicomisos para la administración central. (Acuerdo ministerial 39-2005). Todo lo relacionado con el buen uso de los fideicomisos;
• Manual de fondos rotativos, (Acuerdo ministerial 19-2008). Incluye el mecanismo para hacer uso adecuado de estos fondos.

Las autoridades superiores de cada institución pública, son las responsables de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos. Como mecanismo de transparencia se deben registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada Nacional para que ahí quede el registro de sus actividades presupuestarias y contables[2]. Sobre este portal hablaremos posteriormente.

5.1   Quienes pueden ejercer Control sobre la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado

Están facultados para fiscalizar el Presupuesto Nacional de Ingresos y egresos de la Nación:

1. La Contraloría General de Cuentas[3]es la entidad descentralizada que fiscaliza todos los recursos públicos sin excepción. Todas las instituciones deben presentar ante esta institución un informe sobre la liquidación anual de su presupuesto;
2. El Congreso de la República[4]debe aprobar o improbar en su totalidad o parciamente la ejecución presupuestaria, antes de ello contraloría presenta al congreso el informe de cómo se comportó la ejecución del año anterior y como derecho específico de los diputados[5], la Ley orgánica del Organismo Legislativo es muy contundente al decir que “deberá comprobar la programación y ejecución de los gastos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, pudiendo verificar el forma directa su cumplimento”;
3. El Ministerio de Finanzas Publicas[6];
4. Cualquier ciudadano guatemalteco, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información. Este es un derecho constitucional[7].

Respecto a estos entes del Estado obligados a fiscalizar se debe hacer algunas acotaciones: En torno a la Contraloría General de Cuentas, nunca ha fiscalizado el 100% del presupuesto, solo hace un muestreo sobre un universo de alrededor del 10%.  Por otro lado, ha habido denuncias respecto que a veces los inspectores son objeto de soborno, de esa cuenta vemos obra pública pagada en su totalidad, pero sin que, en varios casos, ésta exista y por otro lado, no tiene mecanismos preventivos.  Sanciona al año siguiente de los hechos ocurridos.

También es importante subrayar, que por insistentes solicitudes para que la Contraloría revisara efectivamente contratos de diverso tipo y con ello se contuviera o enmendaran las anomalías (compra de bienes y servicios, obra física etc.),  se creó en el año 2004 el Registro de Contratos adscrito a la Contraloría General de Cuentas, pese a ello se ha visto contratos anómalos o sobrevalorados, sin que la institución en mención se haya pronunciado y si lo ha hecho, es tardíamente (Contrato con TCQ, medicamentos, bienes, obra física, que es para lo que inicialmente se creó, compras sobrevaloradas y muchos contratos más.)

Respecto al Registro de Contratos la Ley de Contrataciones decreto 57-92 decía lo siguiente:

En la revista “Contraloría al día” del año 2009, se hace una entrevista al jefe de la Unidad de Contratos y este dice que: “Como parte de la modernización institucional que impulsa la actual administración, se realizan cambios en varias dependencias de la Contraloría General de Cuentas. La Unidad de Registro de Contratos no es la excepción y desde su traslado al edificio ubicado en la zona 2 de la capital guatemalteca, se pueden observar modificaciones que tienen como objetivo brindar un mejor servicio a los usuarios. Al respecto el Lic. Víctor Hugo Salguero, jefe de la Unidad de Registro de Contratos comentó que aunque esta dependencia funciona desde el 2004, no se le había dado la importancia al trabajo que realizan y fue hasta hace dos años que las actuales autoridades se interesaron, primero en cambiar de lugar la Unidad y luego remodelando el área donde ahora se ubica.” (Cuentas., 2009). En el año 2009 inicia el traslado de contratos físicos a electrónicos y desde esa fecha se supone se pueden entregar vía electrónica, no obstante en el año 2016 mediante acuerdo número: A-O38-2016, la CGC, hace otra modificación a la Unidad de Registro de Contratos en donde acuerda “Crear la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos, para el archivo en forma física y electrónica de  todos los contratos que suscriban las entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el artículo 2 dela Ley de la Contraloría General de Cuenta, que afecte cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier contratación de servicios, obra u otra erogación del patrimonio Estatal”.

Como podemos ver es obligatoria la entrega a la CGC contrato de obra, o cualquier tipo de contrato siempre que toque el erario nacional. Pero pareciera que la modernización anunciada en el año 2009 no se hubiera concretizado debido a lo que expresa el acuerdo del año 2016, es mas en la entrevista que se ha mencionado de la autoridad en cargada de dicha Unidad, admite a que “pese que se creó desde 2004 no se le ha dado importancia”. En este portal se supone que deben estar: contratos de servicios, contratos de obra o infraestructura, compra de productos, fideicomisos, convenios nacionales e internacionales, contratos de personal, y cualquier renglón que afecte el erario nacional.

Por todas estas falencias en el año 2015 se hicieron reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y sin quitarle las facultades registrales a la CGC, se crea en el Titulo VI Capitulo Único:” Registros”, en el que se crea el Registro General de Adquisiciones, el objetivo es que en este se registren todos aquellas personas que pretenden ser contratistas o proveedores del Estado, nacionales o extranjeras, individuales o jurídicas para verificar si reúnen o no los requisitos necesarios para las adquisiciones que el Estado requiera, es decir que tengan la capacidad financiera y técnica, experiencia y especialidad. Está adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas, su registro es electrónico y quienes se inscriben deben pagar un arancel, para el sostenimiento de ésta institución.

El Ministro de Finanzas Públicas es el encargado de nombrar al Registrador General de Adquisiciones. Debe haber como mínimo 4 libros de registros:

1. Registro de precalificados de contratistas;
2. Registro de precalificado de consultores;
3. Registro de proveedores y
4. Registro de contratos.

Por otro lado, los registros ya existentes en todas las instituciones, deben enviar sus informes al Registro General de Adquisiciones, por ejemplo, el Registro de Contratos de la Contraloría General, Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Nacional de Personas entre otros. Algo muy importante es que cada registro debe estar interconectado y comunicado a efecto de cruzar información.

Este Registro debe estar en el portal de GUATECOMPRAS y suscribir todo lo referente a la Ley de Acceso a la Información.[8]  Si estas reformas se cumplen cada vez tendríamos menos actos de corrupción en general, sin embargo, muy recientemente se vio obra recién inaugurada, derrumbarse por partes.

En torno al Congreso de la República, su labor se circunscribe a aprobar o improbar el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la Nación, pero no así a la ejecución, esta obligación constitucional (artículo 171 literal d) se viola, sin que por ello alguien fuera de la institución se pronuncie, es más, este artículo constitucional se desarrolla en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (artículo 55 literal f) y hace imperativo que incluso se evalúen los programas y su desempeño en forma directa.  Tiene lógica que, si se aprueba un presupuesto para todo un país, se tenga la responsabilidad de velar por su correcta ejecución y al final se apruebe o impruebe en todo o en parte la ejecución y de haber anomalías se trasladen al MP. Respecto al Ministerio de Finanzas Públicas, en más de una ocasión en el pasado muy reciente, al reclamar porqué se hacen traslados cuando no hay ejecución, se limitan a decir que cumplen con su función, no cumplen con verificar la efectividad del gasto.

[1] Ídem. Artículo 30.

[2] Ídem. Artículo 29.

[3] Artículo 232. Constitución Política de la República.

[4] Ídem. Artículo 171 literal “d”.

[5] Artículo 55 literal “f”. Ley orgánica del Organismo Legislativo, decreto 63-94.

[6] Ídem. Artículo 17.

[7] Artículo 30 de la Constitución Política de la República.

[8] Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Artículos del 71 al 79.

Todo ciudadano tiene derecho a acceder a información de cualquier acto de la administración pública[1], además a exigir cualquier información que sobre él conste en archivos o registros estatales[2]. Sobre esa base es claro que, si queremos información de todo o parte del presupuesto podemos solicitarla y obtenerla físicamente o en forma virtual, aunque es más complejo de esta forma, existen opciones, pero falta a veces voluntad debido a que no se percibe como propio el dinero que en gran parte sale del bolsillo de la ciudadanía o se desconocen las herramientas que tenemos para saber e ir más allá en caso no se conceda la información.

Veamos la primera y más importante de las herramientas:

[1]Ídem. Artículo 30.

[2] Ibídem. Artículo 31.

Surge a la vida jurídica en el año 2008 (Decreto 57-2008). El objetivo principal de este cuerpo de ley es la búsqueda de la transparencia y la erradicación de la cultura de la secretividad que durante largos años ha vivido Guatemala. Se basa en los principios de:

• Máxima publicidad;
• Transparencia;
• Gratuidad;
• Sencillez y
• Celeridad procedimental[1].

Como su nombre lo dice: Acceso a la información pública, abarca toda la administración del Estado, incluidas entidades autónomas o descentralizadas, entidades privadas que manejen fondos públicos, por lo que no existe ámbito en la que ésta no se pueda aplicar.  Debe crearse en toda la Administración Pública, unidades de acceso a la información,[2] es decir, que en cada entidad del Estado, debe existir esta unidad y ser la primera pieza donde se inicia la solicitud de información, da una guía del procedimiento para acceder a la información mandata al Procurador de Derechos Humanos (PDH) a ser en ente que regule todo lo relacionado con la Ley de Acceso a la Información Pública (República C. d., 2008) desde el artículo 46 al 49.

Hay excepciones sobre datos declarados confidenciales y reservados, estos últimos tienen un periodo específico de reserva, pero, si hay una orden judicial y se ve que es indispensable para el proceso se deben poner a disposición estos documentos (artículos 21 al 29).

Lo más importante, explica el procedimiento administrativo y jurídico a seguir en caso de negativa de un funcionario a proporcionar información (Artículo 38). No se queda ahí también explícita los recursos a plantear hasta llegar al amparo y las sanciones a imponer ante un claro incumplimiento de deberes.

Es en definitiva, una guía para cualquier persona que se interese en conocer cómo se usan los recursos públicos, donde se invierten, con qué empresa se contrata un bien o servicio. Algo importante a resaltar es que en espíritu de ir generando la cultura de la transparencia mediante información esta ley, debe incorporarse al currículo de estudios en los establecimientos educativos, desde el nivel primario al superior (Artículo 50).

Teóricamente la Ley de Acceso a la Información Pública es la herramienta perfecta para acceder a la información pública, pero en el camino desde su creación ha tenido resistencias de quienes deben trasladar la información pública ha sido un proceso complejo que aún hoy día no termina.  La falta de costumbre de tener gobiernos abiertos data de muchos años atrás y viéndolo en perspectiva hoy se evidente que se debió crear una entidad especifica fiscalizadora del cumplimento de la Ley de Acceso a la Información Pública, como una entidad desconcentrada que pudiera ser:

• Instituto;
• Comisión o
• Superintendencia

El PDH hace esfuerzos, pero la multiplicidad de funciones que tienen no permiten que esta sea una prioridad y por esto se requiere de una entidad exclusiva para esta importante función que llevara incluso los casos de negativa a la población solicitante de información.  Un solo ciudadano podría encontrar obstáculos al querer accionar por sí mismo por la vía administrativa y posteriormente judicial y la PDH no tiene la capacidad de seguir los pasos administrativos en caso de negativa de dar información.

Es importante resaltar que varias obligaciones que impone la ley aún no se cumplen, por ejemplo, la obligatoriedad de incluir en el currículo de estudios (primaria, secundaria, diversificado y superior).  La Ley de Acceso a la Información Pública, por lo mismo se ha detectado por parte del ente rector (PDH) que es poco conocida y usada.  Por otro lado, han evidenciado que luego de más de 10 años de existencia, las Municipalidades especialmente, son las más reticentes a crear las Unidades de Acceso a la Información, además de no tener portal Web.  Las quejas de las pocas personas que usan esta ley, son que muchas Unidades de Acceso a la Información, les hacen engorroso el trámite para desestimularlos (Aguilar, 2017).

[1] Artículo 3 Ley de Acceso a la Información decreto 57-2008.

[2] Ídem. Artículo 19.

7.1.        Ejemplo de un caso en donde se siguió todo el proceso que contempla la Ley de acceso a la información pública

Cuando asume el gobierno 2008-2011 pareciera que no tenía entre sus planes de Gobierno los posteriormente denominados Programas de Cohesión Social.  Esta idea, se comenta que surge luego que el gobernante de turno viaja a Brasil, país que tenía implementados programas sociales muy bien estructurados y fiscalizados, los cuales realmente estaban apoyando a las familias más pobres.

Esta “fórmula” se traslada a Guatemala, pero como no estaban previamente diseñados, se inician sin estructura presupuestaria y tomando dinero de Ministerios como el de Salud o Educación, estos a su vez se canalizaban a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y con esto a uno de los programas más importantes de Cohesión Social “Mi Familia Progresa”, que era dinero en efectivo entregado directamente a las familias más pobres a cambio de enviar a los niños y niñas a la escuela y vacunarlos.

Los doce programas eran fiscalizados, pidiendo que tuvieran estructura programática[1], base indispensable para poder tener control sobre el uso de los recursos.  Se pidió también que se hiciera un verdadero censo para tener claro quienes deberían calificar para estos programas.

Al final se logró que 4 de los doce programas tuvieran la tan pedida estructura, uno de ellos precisamente era “Mi Familia Progresa” con lo que se pudo ver que la información contenida se reducía simplemente a qué lugares llegaba este dinero en efectivo y a cuántas familias beneficiaba.  No se podía saber el nombre de la persona, lugar exacto de su ubicación, ni situación socioeconómica, en definitiva, programas importantes sin información clara, que no llegaban a lugares en donde la desnutrición es severa o aguda como Camotán o Jocotán, pero si a lugares en donde había más población y estuviera apta para votar.  Esto generó muchas dudas, máxime cuando deciden que “Mi Familia Progresa”, sería un Fideicomiso adscrito al Ministerio de Educación.

Un fideicomiso puede comprar y adquirir lo que estime necesario, sin hacer uso de la Ley de Contrataciones, por lo menos hasta ese periodo y no tiene que devolver lo no ejecutado. Luego las denuncias de la gente, que decían eran obligadas a tener que afiliarse al partido de ese momento y que el dinero se lo daban no precisamente a los más necesitados. Todo ello se pidió aclarar insistentemente.  Finalmente, se hizo uso de la Ley de acceso a la información pública con los siguientes pasos:

Con fecha 28 de mayo, se hace la denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, sin ningún resultado.

Con fecha 30 de julio 2009, se solicita al Ministerio de Educación, (Unidad de acceso a la información):

1. Listados de beneficiarios del programa “Mi Familia Progresa”, que incluya nombre completo, dirección, número de cédula, monto recibido por cada beneficiario;
2. Listado de lugares que atiende el programa, desglosado por departamento, municipio, aldea, caserío, comunidad;
3. Copia certificada que utiliza el INE para realizar los censos de los beneficiarios del programa.

Este requerimiento se registró con el número 126-2009

Con fecha 10 de agosto, se hace entrega de parte del Ministerio de Educación y del Director Ejecutivo del Programa Social “Mi Familia Progresa”, bajo oficio 249-2009 de las respuestas a la solicitud hecha 30 de julio. Dicha información era totalmente incompleta expresando que, en consulta con las más de 66,900 familias, solo 951 habían estado de acuerdo en dar sus datos, que tampoco podían dar direcciones porque era precisamente lo que INE estaba recabando y que para reunir a la gente y entregar dinero en efectivo, se convocaba a través de los COCODES que conocen la ubicación de las personas beneficiadas;

Con fecha 25 agosto, se presenta el Recurso de Revisión por la negativa a dar información, contra el oficio 249-2009, invocando el artículo 52 y el 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública sobre cuándo y porqué procede el recurso de revisión ante la negativa de las autoridades ya mencionadas. Se hace ver que dice el artículo 55 inciso f de la Ley Orgánica del organismo Legislativo ya explicado anteriormente en torno al derecho de un diputado o diputada a (Herrera, 2010) fiscalizar directamente los programas y su ejecución;

Con fecha 9 de septiembre, se recibe la resolución 607-2009 en la que sin mayor explicación el Ministro de Educación Bienvenido Argueta, con una pobre argumentación dice que “El recurso no cumple con los presupuestos legales del artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública por lo tanto lo declara sin lugar”;

Con fecha 9 de octubre se promueve acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, expediente número 1073-2009 oficial 5º al respecto de este tema, Wolfgang Krenmayr, en su tesis dedicada al análisis del acceso a la información, comenta:

[1] Programas, subprogramas, proyectos, actividades.

Luego comenta el momento en que la Corte Suprema de Justicia resuelve negativamente y dice:

Con fecha 10 de noviembre y luego de esta decisión negativa de la CSJ se acudió a la Corte de Constitucionalidad apelando el fallo, se traslada parte de lo dicho por CC.

Al respecto Krenmayr comenta:

Pese a la resolución de la C.C de entregar los datos en 3 días esto se incumple y no se entregaban, por lo que hubo que acudir nuevamente y pedir la entrega de la documentación y la destitución de quien se resistía, esto también lo resalta Krenmayr:

El análisis de las actuaciones arroja que la resolución del 2 de febrero 2010 se le notificó el día 8 de febrero 2010 al Ministro de Educación junto con la orden de entrega de la información. Según el informe del propio Ministro de Educación, se brindó información correspondiente hasta el 20 de febrero 2010, incurriendo en este sentido el Ministro de Educación en lo estipulado en inciso b) de Art.50 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad “Desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo. Si la autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el tribunal de amparo… b) Si no hubiere superior jerárquico o si por la naturaleza del asunto no fuere posible la vía contencioso-administrativa, el funcionario responsable quedará separado ipso facto del cargo al día siguiente de haberse vencido el término fijado por el tribunal de amparo.

Ante los incumplimientos del Ministro de Educación la CC aclaró que:

El tribunal ordenó al funcionario que sustituyera al Ministro destituido y al Director Ejecutivo del Programa “Mi Familia Progresa” que sea entregada la información solicitada por la Diputada Nineth Montenegro. Finalmente ordenó al Ministerio Público determinar si hay responsabilidad penal por la conducta omisiva de Bienvenido Argueta Hernández y que vigilara el cumplimiento de la presente resolución.

Luego de este peregrinaje y la entrega de los datos se recibieron cientos de recursos contra la amparista. Pero se obtuvo la información develando lo que los portales virtuales no expresaban y se hizo evidente la clientelización de tan importante programa, además de miles de homónimos (Herrera, 2010), personas que no calificaban y documentos falsos, iniciaba el DPI y muchos estaban adulterados. Por otro lado, siendo un fideicomiso, se contrataba personal que más que atender a las familias tenían otras actividades ajenas al tema.

De esta forma gráfica se explicó paso a paso, a seguir cuando se requiera cualquier información o algún tipo de específico de información, y que hacer si la información fuera negada. Actualmente hay menos resistencia a entregar información por medio de esta ley y cada vez hay menos instituciones sin Unidades de Acceso a la Información.

En general se puede ver que estos portales son poco amigables para el uso cotidiano de la ciudadanía. Se complica su uso porque no se diseñaron de una manera accesible a la generalidad. Por ejemplo, para conocer los egresos a través de SICOIN, se requerirá tener a mano el Manual de Clasificación Presupuestaria como mínimo para obtener los datos de un ministerio o secretaria u otro. Cada ministerio tiene un número de institución, otro por entidad y un tercero por unidad ejecutora.

Igual tema ocurre con otros portales como SNIP ahí para poder ver una obra piden, el número de SNIP y el NOG de la obra o servicio que se adquiere (que es un número para identificar qué obra es.) Igual GUATENOMINAS, le da datos, pero sin nombres, para ello tiene que saber a quién busca y en que renglón está la persona (011, 022, 029 y 031) Por ello explicaremos estos portales y luego las formas más accesibles que nos permitan saber cuánto ingresa, pero a la vez como se gasta. Con esto se corrobora que la Ley de acceso a la información sigue siendo una herramienta importante para el control social del Presupuesto.

Se hace necesario mantener constante observación o monitoreo sobre cómo se gasta, porque puede ocurrir que se desvíe el destino del recurso, para otros objetivos no prioritarios, descuidando todo lo que implica programas para el desarrollo.  En otras ocasiones no se ejecuta, pese a que hay recursos y en más de una ocasión, se pretende no utilizar la Ley de Contrataciones, buscando salidas no legales o por excepción cuando no procede.

Los portales, si bien son útiles, no siempre reflejan todo lo que pudiera estar ocurriendo en el entramado del Estado, por ello, siempre es muy importante el apoyo de la población, especialmente del interior de la República en donde se dan hechos anómalos no siempre perceptibles.  Hoy en día, las personas envían pruebas y datos vía celular, otros se desplazan a la ciudad capital y traen en físico sus denuncias.  En la actualidad se hace importante que algún grupo organizado, cree una Unidad de Recepción de Denuncias, si existe el interés de monitorear el presupuesto.  Por otro lado, la utilidad de la Ley de Acceso a la Información, es de suma importancia, porque no siempre están los datos totales, listas de personas, convenios en los que amparan alguna compra, manuales, contratos y muchos elementos más. Lo importante aquí es que el objetivo real del Estado se cumpla y ello solo puede ser con contrapesos.

Se pondrán algunos ejemplos de casos investigados que reflejan cómo se manejan algunas instituciones y las formas de contrarrestar el daño al erario.

Se debe hacer mención de SEGEPLAN en este manual, por la importancia que reviste esta institución para evaluación del desempeño de las políticas, los programas, subprogramas del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos y para el Sistema Nacional de inversión Pública y su correcta utilización.  En el imaginario colectivo, se cree que esta institución debe tener una suerte de planeación estratégica de largo aliento, en donde están planes actuales y de futuro, en el espíritu de continuidad del Estado, lo cual pareciera, no es así, no obstante, en 2019, se le agrega una función trascendental que es el plan K´atun 2032.  Un proyecto que reúne las características deseables, para un plan con visión de futuro. Veremos si cumple SEGEPLAN con sus funciones incluido este plan al 2032

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), según su propia página, fue creada desde noviembre de 1954, denominada en esa época como “Consejo Nacional de Planificación Económica”.  Explican que en 1969 mediante reglamento le dan otra función de: “a) Orientar y proyectar el desarrollo económico nacional; b) Conocer y coordinar los planes, programas y proyectos elaborados por diversos Ministerios y las instituciones estatales, evitando interferencias y duplicaciones, y c) Velar por la ejecución general de los planes, programas y proyectos que el Gobierno autorice e informar al Presidente. (SEGEPLAN, 2017)” .

La Secretaría está regulada en la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, en el artículo 14, dándole alrededor de 12 funciones entre las principales están:

“a) Coadyuvar a la formulación de la política general de Gobierno y evaluar su ejecución. b) Diseñar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Financiamiento a la Preinversión. c) Integrar y armonizar los anteproyectos de planes sectoriales recibidos de los ministerios y otras entidades estatales con los anteproyectos remitidos por los consejos de desarrollo regionales y departamentales. d) Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales. e) Preparar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo con la política general del Gobierno y en consulta con los demás ministerios de Estado, el anteproyecto de presupuesto de inversión anual y multianual. f) Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión e informar al Presidente de la República, individualmente o en Consejo de Ministros, sobre los resultados alcanzados, debiendo proponer las rectificaciones que estime necesarias”.

Su reglamento fue modificado en el año 2019 para darle viabilidad al denominado “Proyecto K´atun 2032 que es “El Plan de Desarrollo Nacional” Este se viene trabajando desde el año 2012 a la actualidad y lo coordinan conjuntamente SEGEPLAN con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) que es el ente rector de la coordinación e INE (Instituto Nacional de Estadística). Este reglamento establece una Subsecretaria Especifica en el artículo 14 que dice así:

“14. SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO. El Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo es el funcionario responsable de fortalecer el Sistema Nacional de Planificación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K´atun que podrá ser abreviado como PND y las prioridades nacionales de desarrollo mediante la asesoría especializada a las políticas públicas, planes sectoriales y territoriales a las instituciones estatales, gobiernos locales y consejos de desarrollo que corresponda, con base en la información generada por la Subsecretaría de Análisis Estratégico de Desarrollo y la que se obtiene de las instituciones estatales, Gobiernos locales y Consejos de Desarrollo. Le corresponden las atribuciones siguientes: a) Diseñar, implementar y socializar los mecanismos que faciliten el proceso de formulación, alineación, articulación y actualización de políticas públicas y su alineación con las prioridades nacionales de desarrollo; b) Coordinar, implementar, administrar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Planificación, con el objeto que el mismo articule las políticas públicas con la planificación y está oriente estratégicamente la inversión pública y los recursos provenientes de la cooperación internacional en coordinación con los demás Subsecretarios; c) Establecer los marcos normativos, conceptuales y metodológicos del Sistema Nacional de Planificación; d) Coordinar la asesoría especializada a instituciones del sector público en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los planes sectoriales, institucionales y territoriales de corto, mediano y largo plazo; e) Diseñar y promover, instrumentos y mecanismos, para la articulación efectiva de los procesos de planificación y su financiamiento, entre los actores públicos de los distintos niveles e instancias del Sistema Nacional de Planificación, promoviendo la inclusión de los demás actores del desarrollo; f) Coordinar técnicamente la articulación de la programación multianual y anual del sector público con la programación presupuestaria; en respuesta a los PEI, planes sectoriales y planes Territoriales; g) Fortalecer las capacidades de funcionarios y técnicos de instituciones públicas en sus distintos niveles, en ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y gestión de riesgo; h) Generar alianzas estratégicas técnicas y financieras para los procesos del SNP en coordinación con la Dirección de Alianzas para el Desarrollo y la Unidad de Planificación Institucional“.

Como podemos ver se delegó en esta subsecretaria funciones importantísimas para para darle vida al plan K’atun2032 como fortalecer el sistema nacional de planificación, siendo el encargado del contacto, socialización y operatividad del mismo con gobiernos locales y los consejos de desarrollo para orientar la inversión pública y los recursos de cooperación internacional. Al ver la precaria ejecución de las instituciones aludidas y el no incluir las prioridades del plan en mención las respuestas son obvias.

El haber dado el  nombre K´atun reviste la importancia de planeación con inclusión y rendición de cuentas (Periodico, 2019) porque , deviene de la cosmovisión Maya y era una forma de medir el tiempo en función de una gestión gubernamental, se dice que los gobernantes mayas al inicio y al final de cada gestión presentaban los resultados de su ejecutorias. Es lo que se pretendió hacer desde hace ya 8 años (2012 al 2032) Para concretizar, este plan se cuenta con el apoyo de organismos internacionales, en términos de apoyo técnico, préstamos y los recursos propios. Busca el desarrollo con inclusión intercultural, para concretizar el mismo hubo diálogos en todo el país con participación de alrededor de 13 mil personas. Definen 5 prioridades así:

“Se establece cinco ejes prioritarios: 1.- Guatemala urbana y rural, 2.- Bienestar para la gente, 3.- Riquezas para todos y para todas, 4.- Recursos naturales para hoy y para el futuro y 5.- Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Estos 5 ejes dirigen la formulación de todas las políticas públicas, el gasto fiscal, y la orientación geográfica y sectorial de la inversión pública y privada.

El del plan K’atun 2030 de Guatemala, también posee un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, siendo el CONADUR la entidad encargada de coordinarlo. La cualidad estratégica de este plan de desarrollo, se tradujo en la inclusión de indicadores en los distintos niveles y ámbitos de la planificación nacional. Asimismo, el país definió tres tipos de indicadores: de proceso, de resultado y de impacto.. (CEPAL, 2020)“.

En conclusión, este proyecto K´atun 2032, pareciera ser un esfuerzo más de los muchos que se han hecho durante muchos años, con diferentes nombres y enfoque, pero que al final, todos pretenden lo mismo, con variantes y temporalidad.  Hasta aquí no se ha sabido que alguno se haya concretizado, en virtud que cada nuevo gobernante no los ve como Políticas de Estado, sino proyectos de gobierno.  Cada uno de los planes que han surgido, incluido éste, buscan erradicar la pobreza extrema y la pobreza, especialmente en el área rural con programas de desarrollo integral, metas y temporalidad, los programas incluyen erradicar el hambre, llevar salud y bienestar a las comunidades, educación de calidad, generar las condiciones para trabajo digno, infraestructura, todo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos y reducir la desigualdad, inclusión intercultural, género (la mayoría de temas se han abordado en este manual).  Se ha visto que, pese a que existe una guía con metas y temporalidad, estos no se ven reflejados en el Presupuesto Nacional, especialmente con la ejecución del gasto social.

Por otro lado, las funciones trascendentales de SEGEPLAN, las indican los dos primeros incisos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ejecutivo de: “coadyuvar en la política general del gobierno, evaluar su ejecución” y ”diseñar, coordinar monitorear el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública” y la obligatoriedad que explica la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, de enviar informe al Congreso el último día del mes de marzo de cada año, con la evaluación de los programas del año anterior y cada 28 de febrero entregar la evaluación al MINFIN[1], de cómo se desempeñó cada institución, como base para definir el presupuesto anual (estos dos temas últimos ya se explicaron en pasos para diseño y aprobación presupuestaria), simplemente no se han cumplido en su totalidad por diversas razones, pero que al final la infuncionalidad de SEGEPLAN, afecta enormemente la calidad del gasto público, porque la evaluación del desempeño de las instituciones no se hace, tampoco se monitorea debidamente el Sistema Nacional de Inversión pública, de lo contrario no se vería obra o proyecto pagado sin ejecución, proyectos que no están en el POA[2], desvío de préstamos etc.

Respecto a K´atun 2032, lo positivo radica en que hay un rumbo que nos oriente, aunque su incumplimiento se ha visto con los niveles de desnutrición aguda que se han elevado, y la pobreza que afecta a la mayoría, esto se pudo ver en parte del informe presentado por OACNUD, ya mencionado en este documento.  Se hace necesaria entonces hacer una reingeniería a esta institución, porque es vital para el buen desempeño del uso de los recursos públicos, sobre todo, si sabe que la función de Contraloría es luego del daño ocurrido.

En virtud de lo explicado se hacen algunas observaciones para hacer viable   SEGEPLAN:

Una primera observación, es que SEGEPLAN no puede ser un apéndice de la Presidencia, debe tener más independencia y autonomía, para poder evaluar el desempeño de los planes y exponer los aciertos o errores y propuestas para mejorar.

La segunda, es la selección del personal y las cabezas principales, debe ser por capacidad y conocimiento de la temática.

La tercera, es que cumpla con efectividad y respeto a la ley su función de informar cómo se desempeñó cada institución y que dicha evaluación se explique en el pleno del Congreso de la República, para erradicar la cultura de la secretividad. Y en la línea de Gobierno abierto, se dé a conocer a la sociedad, ese informe.

Mejorar sustancialmente el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que tenga un marco legal institucional, personal capacitado, banco de proyectos.  Todo ello con el objetivo de llevar con exactitud el ciclo de vida del proyecto u obra: perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, evaluación (antes, durante y al final).  Esto para llevar control social, pero también para asignar recursos a los proyectos que tengan verdadera rentabilidad social.

Dar a conocer el proyecto K’atun 2032, para que la sociedad lo conozca al igual que los candidatos a Presidente, lo adecúen a sus planes y se comprometan a darle viabilidad.

[1] Ministerio de Finanzas Publicas.

[2] Plan Operativo Anual.

Cuando hacemos una compra, evaluamos el precio en el que se encuentran en el mercado, pero también la calidad del producto, sobre todo cuando se refiere a medicamentos, y alimentos, es allí donde comparamos los precios que hay en el mercado nacional y hacemos diferenciaciones, de ahí surgen los precios de referencia, viendo la marca, modelo, contenido del producto para saber si el precio es aceptable y justo. Algo similar debe ocurrir en el Estado, sobre todo, porque compra por volumen, en millones de quetzales con dinero que le pertenece a la población.

Habiendo precios de referencia, se evita la sobrevaloración, la mala calidad de la obra bien o servicio y cuando se trata de licitaciones, las juntas calificadoras tienen un norte para saber si el precio es justo y la calidad del producto cualquiera que sea es la aceptable.  De esa cuenta, en el año 2015 se hacen modificaciones a la Ley de Contrataciones, sobre la entidad encargada de evaluar los precios de referencia para el Estado, siendo el Instituto Nacional de Estadística, la institución idónea, dadas las características de su trabajo, traslada los índices de precios al consumidor entre otras cosas.  En las reformas, los precios de referencia, están más dirigidos a los contratos abiertos y a la subasta electrónica inversa, pero aplica para toda adquisición, por lo que se debe consultar siempre al INE.  Se trasladan los principales artículos referentes a este tema, iniciando con el de fluctuación de precios debido a variaciones que ocurren en el mercado por cambios de condiciones diversas.

“ARTICULO 7. Fluctuación de precios. Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos (decremento), que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al contrato los que se reconocerán por las partes y los aceptarán para su pago o para su deducción. Tratándose de bienes importados, se tomará como base, además, el diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo caso, se seguirá el procedimiento que establezca el reglamento de la presente Ley. Salvo que en las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado, cuando se realice un ajuste por fluctuación de precios, las entidades sujetas a la presente Ley elaborarán un informe detallado que justifique dicho ajuste.”

En el siguiente artículo está el mandato al INE como el ente encargado de indicar los precios de referencia como ya se explicó aquí va dirigido a contrato abierto:

“ARTICULO 8. Precios e índices. El Instituto Nacional de Estadística -INE-, elaborará y publicará mensualmente en GUATECOMPRAS y en su página web, los precios, salarios e índices que se requieran en los procesos y procedimientos establecidos en esta Ley, tales como los precios de referencia o precios promedio. Asimismo, los precios de referencia de los bienes, servicios, productos o insumos que están siendo adquiridos a través de contrato abierto. Las entidades sujetas a la presente Ley quedan obligadas a proporcionar la información de precios de los bienes y servicios en la forma y frecuencia que el Instituto Nacional de Estadística -INE- les requiera. En el caso de bienes y suministros importados, el precio lo establecerá una comisión conformada por un representante del Instituto Nacional de Estadística -INE-, un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, y un representante de las entidades interesadas. La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional de Estadística -INE- los precios e índices necesarios para los procesos de adquisición pública.”

Y en este artículo se refiere al uso de precios de referencia en subasta inversa:

ARTICULO 54 Bis. Subasta electrónica inversa. La subasta electrónica inversa es una modalidad de adquisición pública de bienes y servicios estandarizados u homologados, dinámica, operada en el sistema GUATECOMPRAS, en la cual los postores habilitados pujan de forma pública, electrónica y en tiempo real, durante un plazo preestablecido, con base a un precio de referencia de conocimiento público previo al evento, el cual servirá como techo de partida para el proceso. Las posturas durante la puja no podrán proponer precios superiores al de referencia y deberán aceptarse solo posturas con precios menores a la postura anterior. La adjudicación se hará a la postura con el precio más bajo obtenido durante el proceso. El precio de referencia techo lo proporcionará el Instituto Nacional de Estadística -INE-, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de esta Ley y su reglamento. Para los efectos de la subasta electrónica inversa, debe tomarse en cuenta la compra por volumen que incida en mejores precios y la estandarización de especificaciones que hacen más económica y práctica la adquisición. La entidad contratante establecerá los requisitos y criterios que se deberán cumplir para habilitarse como postores en un evento de subasta electrónica inversa. Además, será responsable de definir las especificaciones técnicas y las condiciones de la negociación, debiendo asegurarse que dichos documentos permitan la competencia. La autoridad administrativa superior de la entidad contratante será responsable de aprobar la adjudicación. La puja mediante este tipo de procedimiento deberá ser autorizada únicamente cuando el número de postores habilitados sea mayor o igual a tres. La entidad contratante realizará en el sistema GUATECOMPRAS la convocatoria para la subasta electrónica inversa, con un plazo no menor de ocho (8) días antes del inicio del proceso.”

Se agrega el inciso “g del artículo 46 Bis por la participación que se le da al Registro General de Adquisiciones, además por la obligación de la Junta Calificadora de cumplir con los precios de referencia y si no los hubiere el auxilio que se debe prestar de otras instituciones.

ARTICULO 46 Bis. Procedimiento de contratación para la modalidad de contrato abierto. La contratación se ajustará al procedimiento siguiente: g) Precios de referencia: La Dirección General de Adquisiciones del Estado, una vez solicitado el concurso de contrato abierto y aportadas las especificaciones técnicas, deberá solicitar los precios de referencia al Instituto Nacional de Estadística -INE-, de acuerdo a lo regulado en el artículo 8 de esta Ley. Una vez recibidos estos precios, la Dirección General de Adquisiciones del Estado publicará en GUATECOMPRAS los precios de referencia y los trasladará a la junta de calificación. Para aquellos renglones en los cuales el instituto Nacional de Estadística -INE-, no cuente con un precio de referencia, en un plazo no mayor a cinco (5) días, de conformidad con el artículo ocho de esta Ley, requerirá a las entidades solicitantes, a la Dirección General de Adquisiciones del Estado y a toda entidad que estime pertinente, información y datos que permitan determinar el precio de referencia. Una vez realizado este procedimiento, el instituto Nacional de Estadística -INE- trasladará a la Dirección General de Adquisiciones del Estado estos precios de referencia.

Todas las especificaciones y metodología a seguir para precios e índices de referencia, y otras obligaciones como publicar sistemáticamente en el portal de GUATECOMPRAS los mismos se encuentran en el Acuerdo Gubernativo No 172-2017 a partir del artículo 7, para quienes quieran consultarlo.

Como podrán apreciar, este proceso de implementación de Precios de Referencia, ha sido lento, tanto como el de Registro de Contratos.  Ha faltado mucha voluntad política para obligar a ponerlo en práctica, se adujo que era imposible para INE y es hasta 2017 que se estructura el reglamento para iniciar a darle vida a estos importantes temas, que aún encuentran muchos escollos para ponerlos en práctica.

Está pendiente una tarea importante para la ciudadanía, que consiste en insistir que con estas herramientas se transparenten todos los contratos del Estado y que los precios de referencia sean de uso obligatorio.  Esto será un paso más en la lucha contra la corrupción y en favor del desarrollo del país y del más vulnerable, sobre todo en momentos en los que todo se puede adquirir por excepción, se necesita rendición de cuentas.

No hay excusas para que la administración pública niegue información que tenga relación con el uso de los recursos públicos, no se puede aducir secreto de Estado, temas de seguridad nacional o asuntos militares o diplomáticos, pues ya la Corte de Constitucionalidad fue muy clara en la opinión del 11 de marzo del año 2005 y dice que esto se refiere solo a casos en los que se debe preservar la integridad de la nación de la agresión de grupos extranjeros o nacionales beligerantes, pero nunca a adquisiciones de cualquier tipo, agrega que “En diverso fallos ha examinado dichos preceptos y en sus resoluciones sitúa en el mismo los principios de transparencia y publicidad de los actos administrativos, ha enfatizado que las autoridades al negarse a exhibir documentos públicos arguyendo que su naturaleza es confidencial o de seguridad nacional, deben imperativamente acreditar tal extremo (sentencia de fecha trece de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve expediente 178-89).

• Crear una fiscalía de evaluación de la ejecución presupuestaria, adscrita al Ministerio Público, con vínculo directo con la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público (CGC);
• Para cumplir con la obligación constitucional del Congreso de la República de evaluar la ejecución del gasto público, se hace necesario que la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa del Congreso, apoye a la Comisión de Finanzas Publicas, para cumplir con este imperativo legal;
• La Ley de Acceso a la Información, debe ser un órgano independiente de la PDH y ser el ente que, ante la negativa de información, entre otros temas, tenga personal que ayude a la población a darle continuidad a los recursos a interponer, hasta llegar al final. También se le debe dar más herramientas ágiles sancionatorias;
• El Ministerio de Educación debe cumplir con la obligación legal de impulsar la cultura de la transparencia e incluir en el currículo de estudios, el conocimiento y uso de la Ley de Acceso a la Información (Artículo 50), esto ayudará a una nueva generación de personas, ejerciendo su derecho a saber y actuar. Creará en el futuro una nueva actitud ciudadana empoderada al saber cómo se usan sus impuestos;
• Reformar integralmente SEGEPLAN, para que cumpla su función de planeación estratégica y evaluación del desempeño de las políticas (ya se hacen varias sugerencias en “SEGEPLAN y sus Funciones”);
• El Sistema Nacional de Inversiones Públicas, es de suma utilidad para conocer los proyectos y obra Pública, pero esta desestructurado, a través de este deberemos saber los ciclos o fases de un proyecto, desde que se presenta, hasta que es factible y porqué lo es, la evaluación antes, durante y al final. (Por ello se hacen varias sugerencias, en el apartado “observaciones a SEGEPLAN”;
• Importante que los portales electrónicos (SICOIN, GUATECOMPRAS, GUATENOMINAS etc.) sean accesibles a la población y si bien hay cursos de capacitación, esto debe hacerse público e impartirlos en diversos ámbitos;

Reforma integral a la ley del Servicio Civil y a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC).